Anales de la RANM

280 A N A L E S R A N M R E V I S T A F U N D A D A E N 1 8 7 9 ABUSOS Y MALOS TRATOS A LAS PERSONAS MAYORES José Manuel Ribera Casado An RANM · Año 2019 · número 136 (03) · páginas 275 a 282 trol, las situaciones de estrés ambiental o personal, la existencia de una enfermedad psiquiátrica estableci- da, la reincidencia, la crueldad deliberada, las ideas de represalia o de venganza, y, con mucha frecuencia, el deseo de explotación de los bienes de la víctima, etc. Se han sugerido algunos perfiles específicos para po- der dibujar mejor la figura del responsable del mal- trato. Entre ellos a) LOS HOSTILES: aquellos con la sensación de haber recibido maltrato previo por parte del anciano. En muchos casos han asumido por obli- gación la función de cuidador; b) LOS AUTORITA- RIOS: personas intransigentes con las incapacidades del anciano, que tienden a adoptar la rigidez que, con frecuencia, éste les mostró desde niños; c) LOS DE- PENDIENTES: inmaduros, en general solteros o se- parados; con una posición social inferior a sus expec- tativas y una economía dependiente del anciano. Son los que peor asumen la propia responsabilidad en el maltrato. El perfil o retrato robot de la víctima se desprende de lo que llevamos dicho. Lo más habitual es que se trate de una mujer mayor de 75 años con, importan- te deterioro funcional y psíquico, dependiente de su cuidador. En general son personas portadoras de pro- blemas y de conductas anómalas, que conviven con un familiar, que es, además, su principal cuidador y suelen presentar antecedentes previos de lesiones re- currentes. Lo primero que hay que reiterar en este apartado es que los profesionales sanitarios desarrollamos en este campo con mayor frecuencia de la deseada una espe- cie de ignorancia culposa, cuando no miramos direc- tamente hacia otro lado. Una encuesta llevada a cabo en dos hospitales universitarios italianos con profesio- nales de medicina interna y geriatría ahonda en esta cuestión. Entre las respuestas destaca que un 40% de los médicos y 37% de enfermeras estiman que la ne- gligencia no constituye una forma de abuso. Además, el 47% de los encuestados consideran que no saben como denunciarlo o tratarlo. Las enfermeras conside- ran en mayor medida que los médicos haber sospe- chado o haber presenciado un abuso, pero, peor aún, en ningún caso ni unos ni otras lo denunciaron (40). A partir de ahí los marcos de actuación pueden y deben ser múltiples. Uno de ellos sería el que tiene que ver con los medios de comunicación, tanto con los dirigidos a los profesionales como los de carácter general. También mejorar la formación de los profesionales El boletín de la Sociedad Británica de Geriatría insistía recientemente en este punto (41) y promocionaba el movimiento AEA (“ Action on elder abuse )”. Los dos objetivos preferentes de AEA son la formación profesional a través de la ela- boración y distribución de material educativo y la lla- mada a los médicos para investigar en la clínica del día a día en campos clínicos especialmente sensibles y que les resultan próximos, como pueden ser las úlceras de pre- sión, las heridas, la malnutrición, las finanzas o la detec- ción de los abusos sexuales. En la misma línea, al igual que la británica, deben in- sistir otras muchas sociedades científicas involucradas en el tema, bien lo sean desde la geriatría y gerontolo- gía, desde el mundo residencial, las urgencias hospi- talarias, la atención primaria, los grupos de bioética o desde las administraciones relacionadas con las per- sonas mayores. La SEGG hace ya tiempo que estable- ció unas guías de actuación a este respecto (12). Tam- bién el IMSERSO (14) se ha ocupado y se ocupa del tema de forma recurrente con simposios y publicacio- nes y son habituales las comunicaciones en congresos y simposios de la propia SEGG (42-44). Realizar estu- dios como los que pide la AEA que contribuyan a co- nocer la magnitud del problema o que recojan expe- riencias en la lucha contra el mismo es otra obligación de las sociedades científicas y de los profesionales. La adopción de teléfonos u otros sistemas automáticos de ayuda, procedente del sector público o del privado, similares a los que existen en los casos de violencia de género, puede ser otra buena iniciativa ya en marcha en algunos ámbitos. La iniciativa privada, de forma aislada o en conexión con instituciones públicas, también fun- ciona en este terreno a través de la denuncia de los ca- sos sospechosos y de la elaboración de guías de actua- ción dirigidas al propio ámbito que contribuyan a paliar el problema (45). Los servicios sociales institucionales, a cualquier nivel, son otra fuente de información, de- tección, consejo y denuncia. Algunos de sus protocolos de actuación quedan recogidos en la tesis doctoral de la Dra. Sánchez Castellanos ya mencionada (25). Los hospitales, sobre todo sus servicios de urgen- cia, son lugares especialmente adecuados para detec- tar este tipo de problemas. En el Hospital Clínico San Carlos se creó en el año 2006 una Comisión Contra la Violencia. Fruto de ello fue la elaboración y aproba- ción de un reglamento para sistematizar los trabajos de esta comisión, uno de cuyos apartados específicos estaba centrado en la población de más edad. Son tra- bajos que se enmarcan en el ya mencionado “Plan in- tegral de Detección y seguimiento del maltrato en el anciano aplicable a las instituciones sanitarias” (45). Los objetivos específicos hablan de hacer protocolos, definir indicadores, diseñar un registro y de establecer un plan formativo . Como norma y desde el punto de vista más inmediato, ante la más mínima sospecha los profesionales sanita- rios debemos estar atentos para identificar los casos, efectuar una valoración geriátrica integral, aplicar al- guno de los índices de valoración validados en la lite- ratura, practicar un tratamiento adecuado a las conse- cuencias directas de la agresión, referir el problema a los servicios sociales y, si procede, denunciar la situa- ción ante las autoridades judiciales. Entre los puntos de consideración obligada se encuen- tra averiguar si la víctima niega o reconoce que se está produciendo el abuso, si presenta deterioro cognitivo, calibrar la severidad de los daños producidos y si estos pueden ser eventualmente letales, si se dispone de los recursos socio-comunitarios precisos y si se ha reali- zado ya alguna forma de intervención. La AMA ( Ame- rican Medical Association ) sugiere cinco preguntas de cribado, a las que la Canadian Task Force añade otras cuatro más (Tabla 1) (46). 7.- ¿CÓMO ACTUAR?